La ley de Cultivo Seguro ya fue aprobada con 88% de los votos en la Cámara de Diputados. Hoy se encuentra en discusión en el Senado. ¿Qué podemos esperar de esta votación?

Conversamos con Ana María Gazmuri, directora ejecutiva de Fundación Daya, una de las principales organizaciones que impulsan la modificación.

El proyecto de ley al que se ha llamado Ley Cultivo Seguro, es una modificación al Código Sanitario que reconoce la prescripción médica como herramienta suficiente para impedir la incautación de las plantas de cannabis de los pacientes usuarios de cannabis. “Esto no limita en absoluto las facultades investigativas del Ministerio Público, pero restituye la presunción de inocencia de los pacientes. Es necesario comprender que esta modificación del Código Sanitario está lejos de ser la reforma integral a la política de drogas que Chile necesita, pero al menos busca garantizar de mejor manera el derecho al cultivo personal con fines medicinales contemplado en la ley 20.000, actual ley de drogas vigente en Chile. La verdad es que, si se respetara en la práctica lo contemplado en dicha ley, no sería necesaria la Ley Cultivo Seguro·, explica Ana María.

A diario los pacientes usuarios de cannabis medicinal viven con el justo temor a ser perseguidos, allanados, sus plantas incautadas, siendo gravemente vulnerados su derecho a la salud y la vida. “Terminar con esta persecución e impulsar a que los pacientes se acompañen por sus médicos tratantes para una mayor eficacia y seguridad en sus tratamientos es el único fin que persigue la Ley Cultivo Seguro. Se trata de decidir si a estos miles de pacientes que hoy mejoran su calidad de vida con el uso medicinal del cannabis deben ser perseguidos, o si más bien el Estado los respeta y protege”, agrega Gazmuri.

Una duda común es saber cómo se determina el consumo personal. Según la ley 20.000 las acciones prohibidas tienen que ver con todas aquellas orientadas al tráfico y al microtráfico, siendo el bien jurídico protegido la Salud Pública. En sus artículos 4, 8 y 50 la ley establece como excepción a lo prohibido, el cultivo, tenencia y porte para uso personal exclusivo y próximo en el tiempo y el uso para un tratamiento médico, pero como dice Ana María, “el problema ha sido la permanente mala aplicación de esta ley, criminalizando los usos personales”. Esto comienza a cambiar desde el año 2015 con los fallos tanto de la Corte Suprema como de la justicia ordinaria, que reconocen este ámbito de soberanía personal, declarando que el cultivo para uso personal no constituye delito. “El problema es el largo, traumático y oneroso -tanto para el imputado como para el Estado- proceso de judicialización de los usuarios. Finalmente, después de un largo y engorroso proceso, la justicia los sobresee, determinando que su cultivo era lícito, pero tras haber perdido sus plantas, las que son destruidas, dejándolos sin la materia prima para sus tratamientos. Esto es lo que busca evitar la Ley Cultivo Seguro”

Desde el 7 de enero de este año, la comisión de salud se ha reunido en 17 oportunidades. ¿Cómo ves que avanza esto? ¿Qué podemos esperar?

La verdad es que es lamentable la demora en el avance de la tramitación de la Ley Cultivo Seguro en la Comisión de Salud del Senado, siendo vista solo en tres sesiones, la última de ellas el mes de marzo. Vemos una preocupante falta de voluntad de la Comisión, habiéndose cumplido el plazo máximo comprometido por su presidente, senador Rabindranath Quinteros, para poner nuevamente en tabla el proyecto; públicamente afirmó que esto ocurriría en el mes de julio, además de tomar ese compromiso con Fundación Daya y Fundación Mamá Cultiva en reunión sostenida el jueves 16 de mayo. Nada ha pasado aún. Sabemos que se ha levantado un lobby feroz en contra de esta ley, por parte de sectores conservadores que, sesgadamente se oponen al avance de esta realidad mundial; la influencia de estos grupos de interés permea tanto partidos políticos -DC, RD- como instituciones vinculadas a la salud. Por otro lado, la gran industria del cannabis medicinal también está interesada en bloquear el derecho al autocultivo de los pacientes, olvidando que todo lo que hoy se ha avanzado en atención clínica e investigación ha sido en base a estas prácticas personales y colectivas que han permitido construir conocimientos y saberes en relación al uso medicinal del cannabis. No es éticamente aceptable que una naciente industria se base en suprimir y conculcar derechos ya existentes de quienes han sido actores protagónicos de este cambio de paradigma, como lo son los propios pacientes.

¿Qué mensaje le envías a los integrantes de la Comisión de Salud del Senado?

Que cumplan con lo prometido, que no se dejen manipular porque quienes no han trepidado en desinformar y confundir a la comunidad, mezclando el uso medicinal del cannabis con una supuesta legalización o con los problemas de consumo escolar. Basta de engaños, la salud, la dignidad y la seguridad de miles de familias chilenas merecen respeto, ahora ya.

Diario Clever, 31 de julio