Ivo padece de un dolor rotuliano severo crónico que mejoró considerablemente tratándose con cannabis medicinal. Sin embargo, el Ministerio Público recibió denuncias de tráfico. En casi un año de investigación, solo le logró acreditar tenencia de plantas y flores de cannabis. Aún así, Ivo desde el 23 de mayo se encuentra con arresto domiciliario total. Hoy, sólo pide la nulidad de su caso y justicia.

El 2012 Ivo Mena, ingeniero en computación, fue diagnosticado con una malformación congénita en los meniscos por la unidad de traumatología de la Clínica Ciudad del Mar, patología que le provocaba mucho dolor. Probó con celebra, un antiinflamatorio recetado por su traumatólogo. Si bien le quitaba el dolor, los efectos secundarios eran terribles y deterioraban su calidad de vida. Llegó a Fundación Daya Quilpué en búsqueda de un tratamiento más natural que le quitara el dolor sin hacerle tanto daño. Esta fue la razón de sus 10 plantas, que necesitaba para  preparar su medicina.

Sin embargo, en junio del año pasado, se denunció anónimamente a Ivo Mena de 36 años por tráfico de drogas. Iba llegando a su casa cuando nota que un auto estaba estacionado afuera. Pensando que era un portonazo presta más atención y ve a funcionarios de la PDI. “Me dijeron que me investigaban por tráfico en la municipalidad donde trabajo, que supuestamente era parte de una organización. Les ofrecí entrar, que vieran que tenía plantas pero que no era ningún traficante”, cuenta.

En ese momento, Ivo sólo quedó con arraigo nacional y firma quincenal mientras se investigaba. Sin embargo, a los meses siguientes, funcionarios de PDI vuelven a su trabajo por una segunda denuncia. Ivo los lleva a su casa y nuevamente le muestra sus plantas para evidenciar que no hay tráfico, solo consumo medicinal.

Nuevamente fue detenido, esta vez quedando con arresto domiciliario total. Aun así, Ivo estaba tranquilo porque no había pruebas que demostraran esa acusación, confiaba en que la investigación evidenciaría que no era traficante, que sólo era un usuario medicinal. Sus abogados concordaron, este era un caso relativamente sencillo, porque no había antecedente alguno en la investigación que diera cuenta de comercialización de droga.

“Nuestro ordenamiento reconoce como derecho fundamental el gozar de la presunción de inocencia, en la práctica para los delitos de drogas eso no aplica. Se le exige a los imputados y sus defensas probar inocencia, y fuera de toda duda razonable. Además, porque los tribunales le facilitan tanto el trabajo al Ministerio Público este destruye arbitrariamente la única evidencia que les permitiría a los usuarios probar su inocencia, esto es, sus cultivos”, afirma Catalina Delgado, abogada colaboradora de Fundación Daya.

El Tribunal Oral en lo Penal de Quillota lo condenó a sesenta y un días de presidio menor en su grado mínimo, accesoria de suspensión de cargo y oficios públicos mientras dure la condena y a la pena pecuniaria de multa de dos unidades tributarias, sustituyéndose la pena privativa de libertad impuesta por la de libertad vigilada simple. Actualmente Ivo espera que la Corte Suprema se pronuncie sobre el recurso de nulidad que interpuso su defensa contra la sentencia que lo condenó.

El caso de Ivo refleja la realidad de los miles de pacientes usuarios de cannabis que a diario ven vulnerado sus derechos. Por esto, desde Fundación Daya recalcamos la importancia del proyecto #Leycultivoseguro, modificación al Código Sanitario que permitirá que la prescripción médica sea autorización suficiente para el cultivo y cosecha personal de cannabis, para limitar las facultades de detención o incautación, cuando no hay antecedentes de tráfico.

#LeyCultivoSeguro fue aprobado por amplia mayoría en la Cámara de Diputados, ahora debe ser discutido en la Comisión de Salud del Senado.