Rodrigo y Katherine estaban prontos a cosechar el cultivo para León, su hijo de ocho años con autismo. Por una denuncia anónima, PDI no sólo incautó sus plantas, dejándolos sin su medicina; sino que también dejaron con arresto domiciliario a Rodrigo, afectando la vida de toda la familia.

El pasado 14 de marzo, Policía de Investigaciones irrumpió en la casa de Rodrigo y Katherine Barraza. Ocho oficiales acorralaron a Rodrigo, lo tiraron al piso y esposaron. Una llamada telefónica anónima había denunciado la tenencia de plantas y supuesto tráfico.

“Teníamos 15 plantas en exterior para el tratamiento de un año completo para León. Estaban rotuladas, con todos los papeles necesarios para demostrar que es medicinal”, cuenta Katherine, pareja de Rodrigo.

Mientras Rodrigo se encontraba esposado, los abuelos de León lo cuidaban, tratando de explicarle la situación y así evitar que se asustara al ver a su papá así. Quisieron mostrarles a los oficiales la carpeta con la prescripción médica y los documentos que evidenciaba por qué el tratamiento con cannabis es beneficioso para niños con autismo, pero se negaron.

Cuando Katherine se enteró de la situación, dejó su trabajo como docente en un colegio, para atender la situación. “Por ser profesora, me tomaron más en cuenta. Insistían en que la Ley 20.000 prohibía eso, pero cuando les mostré la carpeta, recién ahí entendieron un poco más”, cuenta.

Al día siguiente, Rodrigo fue formalizado por tráfico de drogas, dejándolo con 120 días de arresto domiciliario. Esto complica a toda la familia, afectando la vida de León completamente, ya que él es quien lo cuida mientras Katherine trabaja.

“No entiende por qué no puede ir al colegio, o ir a sus clases terapéuticas de natación. Prácticamente está encerrado, porque mis papás son de la tercera edad y no tengo quién más lo cuide”, afirma Katherine.

Junto a su abogado, apelaron la medida cautelar de arresto domiciliario, que fue rechazada. “Nos negaron la apelación, nos trataron de traficantes, que queríamos matar a nuestro hijo por suministrarle este tratamiento”, relató la madre de León.

Falta de inclusión y discriminación en el espacio educativo

El año pasado, León estuvo con problemas en el colegio. “La profesora insistía en que se portaba mal, pero porque no entendían que él no podía hacer actividades tan largas debido su condición. Había mucha discriminación, no querían tratar con él”, afirma su mamá.

“Al León lo encerraban tras un biombo, lo aislaban durante la hora de colación en el casino, le ponían anotaciones negativas por mal comportamiento. No entendían su condición, ya que sólo contaban con una profesora diferencial”, cuenta Rodrigo.

 Los efectos adversos del tratamiento farmacéutico con el que estaba solo aumentaba su agresividad. Por lo mismo, decidieron probar con cannabis. Viajaron a Santiago para atenderse en Fundación Daya, donde tuvo su con  el terapeuta especializado y con el neurólogo infantil, Guillermo Fariña. “El cambio fue maravilloso. Con el aceite estaba relajado, se portaba super bien. Antes mis papás no se podían quedar con él, porque se arrancaba, ahora no. Conecta más con el entorno social, habla más, hasta le mejoró la relación con los compañeros del colegio”.

El aceite que toma León es un mix de cuatro plantas, índicas y sativas. “Por eso son las 15 plantas, de variedades y para todo el año. Era nuestro primer cultivo, ahora mi hijo se quedó sin tratamiento”.

Los vecinos de la familia Barraza estaban al tanto de sus plantas y todos estaban de acuerdo, porque vieron los beneficios y mejoras en la calidad de vida de León. Sorprende que un llamado anónimo sea suficiente para dejar sin tratamiento y soporte a una familia completa.

“Alguien nos quiso hacer daño. La discriminación que vivimos en el colegio fue tremenda. Yo casi perdí mi trabajo por defender a mi hijo y ahora lo tengo encerrado en la casa y eso no es justo. Necesito que él pueda seguir con sus actividades normales”, dice Katherine.  

El caso de León refleja la realidad de los miles de pacientes usuarios de cannabis que a diario ven vulnerado sus derechos. Por esto, desde Fundación Daya recalcamos la importancia del proyecto #Leycultivoseguro, modificación al Código Sanitario que permitirá que la prescripción médica sea autorización suficiente para el cultivo y cosecha personal de cannabis, para limitar las facultades de detención o incautación, cuando no hay antecedentes de tráfico.

#LeyCultivoSeguro fue aprobado por amplia mayoría en la Cámara de Diputados, ahora se discute en la Comisión de Salud del Senado. Este es un urgente asunto de vulneración de Derechos Humanos.