• Nicolás Bustamante, candidato a concejal por Doñihue, relató su dramática experiencia tras casi un mes en la cárcel de Rancagua. Fue injustamente acusado de tráfico de drogas por tres plantas de cannabis que cultivó en el patio de su casa para tratar su depresión, según indicación de su neuropsiquiatra. 
  • El defensor penal público, Pablo Villar, fue el invitado especial, quien destacó que en el Poder Judicial y las Policías en Chile existe desconocimiento y falta de preparación en materia de cultivo de cannabis. “No se conoce la realidad que se está juzgando”, dijo.  

Viernes 30 de abril 2021.- La nueva edición del Conversatorio “Usuarios Medicinales de Cannabis Privados de Libertad, Víctimas del Estado a la espera de Justicia y Reparación”, organizado por Fundación Daya y transmitido la noche del miércoles por redes sociales, reunió al abogado defensor de DDHH, Pablo Villar, con pacientes criminalizados, dos de ellos debieron pasar semanas en prisión preventiva, injustamente.  

“Acá estamos hablando de seres humanos, de abusos, de enfermedades, más que seguir en tecnicismos y supuestas ignorancias, aquí lo que nos falta es humanidad”, dijo Ana María Gazmuri, Directora Ejecutiva de Fundación Daya, quien moderó el foro junto a Paulina Bobadilla, presidenta y fundadora de Mamá Cultiva y candidata a la alcaldía de Quilicura. 

Una semana libre lleva Nicolás Bustamante, profesor y candidato a concejal de Doñihue quien estuvo en prisión preventiva en la cárcel de Rancagua durante más de tres semanas. Fue acusado de tráfico de drogas por tres plantas de cannabis que cultivó en el patio de su casa, para tratar un cuadro de depresión y ansiedad que lo aqueja, según indicación de su neuropsiquiatra. La Defensoría Penal Pública, DPP, logró revocar las medidas cautelares para su liberación, aunque, insólitamente, se le impuso una caución, debiendo pagar un millón y medio de pesos para salir en libertad.

“La verdad no sé realmente cómo estoy, porque he empezado a relatar lo que me pasó y me he dado cuenta de todo lo que viví, estoy con angustia y ansiedad porque no sé cómo voy a estar en los días que vienen, la carga emocional que tengo es muy fuerte, recién lo estoy asimilando”, dijo Nicolás. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, ya tiene los antecedentes del caso. 

“Fue humillante cuando dijeron que yo era un peligro para la sociedad y me mandaron a la cárcel de alta seguridad de Rancagua. Soy profesional, conducta intachable, ni multas de transito tengo. Además quedé incomunicado en el módulo 31, no tenía acceso a llamar por teléfono a mi familia o a mi abogado, recién a los 15 días pude hablar con mi familia por un celular que me conseguí (…) Me trataron como un delincuente más, los primeros 4 días estuve en una celda sin agua potable, ni para beber ni para el baño. Dejé de comer y tomar agua, después de un día así los internos empezaron a gritar y me cambiaron de celda. Yo pensé en atentar contra mi vida. Pero pensar en mi esposa y mis dos hijos me mantuvieron con vida”, contó el profesor de Educación Física, quien compartió celda con un triple homicida.

También contó su experiencia en la cárcel Sebastián Henríquez, joven psicólogo y educador, paciente de Talca quien también estuvo más de dos semanas en prisión preventiva por tener tres plantas en su casa destinadas al tratamiento médico de un glaucoma. 

“Estuve 17 días encerrado en el infierno porque a un juez se le ocurrió que yo era un peligro para la sociedad. Me mantenían sin salir de la celda durante 23 horas al día, sin baño ni agua, usaba una cubeta, sin luz, compartiendo celda con dos hombres más”, recordó  Sebastián. Sólo fue liberado por un fallo de la Corte Suprema que revocó la medida cautelar y la cambió por arresto domiciliario nocturno. El INDH también está informado ya de este caso. 

El invitado especial de esta edición fue Pablo Villar, abogado de la Defensoría Penal Pública e integrante de la Asociación Pensamiento Penal Chile (ONG) y de Acción Urgente, oficina especializada en litigación estratégica, quien destacó el desconocimiento del sistema judicial en cuanto al cannabis. 

“Primero, acá hay un cuestionamiento moral, no saben que esto es posible, que la gente se medica,que no son traficantes, muchos son profesionales. No se conoce la realidad que se está juzgando, no saben cómo se cultiva, que los tallos no se consumen, que la planta pierde peso una vez seca, etc. y eso trae consecuencias tan graves como lo que le pasó a Nicolás y Sebastián, estar en la cárcel con el sistema penitenciario chileno, con las violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales que allí ocurren, es grave”, dijo el abogado. 

“Hay un desconocimiento, no hay una preparación de la policía ni de la Fiscalía ni del Poder Judicial en materia de cultivo de cannabis para que sepan distinguir cuando es tráfico y cuando es consumo personal”, agregó el defensor penal público, quien trabaja desde hace 8 años en San Bernardo.

ESTREMECEDORES TESTIMONIOS

También compartieron sus vivencias otros pacientes criminalizados que han quedado con graves consecuencias en su salud mental tras los procedimientos: 

Patricio Pulgar, quien trabaja como contratista para mineras y vive en Llay Llay, San Felipe, cultivaba tres plantas para tratar sus intensos dolores crónicos. Patricio pidió a una vecina que cuidara su casa y a su mascota, el conejo “Samy”, durante uno de sus viajes laborales. En eso estaba su vecina cuando un grupo de hombres entró a robar al domicilio,  la maniataron y se llevaron las plantas y herramientas. Llamaron para denunciar este delito a Carabineros, quienes al llegar, en vez de ayudar a la víctima, la detuvieron al ver hojas y tallos de las matas que dejaron los ladrones. 

“Esto pasó en el 2019, Carabineros se llevó a mi vecina, quien amablemente me estaba ayudando con la casa mientras yo estaba afuera trabajando. Viajé de inmediato y me presenté en la Comisaría, me detuvieron también, por los tallos y las hojas, los restos que dejaron los ladrones que robaron las plantas. Ahora estamos los dos procesados por tráfico, pasamos la noche detenidos, a mi vecina incluso la obligaron a desnudarse. Yo quedé con crisis nerviosas que se han extendido por estos dos años y mi vecina también quedó afectada. De hecho desistimos de seguir con la causa del robo para no revictimizarla”, contó Patricio. 

“Claramente, desnudar a una persona no es un procedimiento que está en los protocolos”, aclara el abogado Villar.  

Por su parte, Antonia Prieto (21), fue violentamente allanada por Carabineros que entró a su casa en Quilpué, en febrero de este año. Un grupo de policías traspasó el muro de un vecino y llegó hasta el interior de la vivienda donde estaba con su hermana menor de edad. Su madre, Paulina Madrid, es usuaria medicinal y tenía sus flores envasadas. 

“Entraron apuntándonos con armas, yo estaba con mi hermana chica, estábamos con ropa de casa, sin zapatos ni sostén, a mi hermana le dio un ataque de pánico y ahora sigue con esos episodios. Como algunos estaban de civil pensamos que eran ladrones. Nos asustamos mucho. Se pasaron por el muro del vecino, nos aislaron en un baño mientras daban vuelta la casa, rompieron muebles. Se llevaron también un estuche rojo con dinero de la venta del sushi y frascos con flores y me llevaron detenida”, cuenta Antonia. En el proceso legal es ella la imputada, cuando la paciente es su madre. 

Invitada también estuvo la estudiante de ingeniería agrícola y madre de tres hijos, Daniela Lizana (34), desde Curicó. Tiene dolor crónico en su rodilla tras un golpe y la forma de administración que usa es en leche. Prepara cubitos de hielo para descongelar y así dosificar mejor, según indicación médica. Ha sufrido dos incidentes con las Policías. 

“Hace dos años viajando al sur en bus, en un control de rutina PDI con perros detectó las flores que transportaba. Tuve audiencia en enero de este año pero se aplazó hasta junio. El fiscal pide 7 años de prisión por tráfico, llevaba un kilo “verde” (recién cosechado, al secarse pierde 70% del peso) porque me iba a radicar en otra ciudad y necesitaba cubrir ese tiempo de tratamiento”, contó Daniela. 

La semana pasada llegaron dos camionetas de la PDI a su casa que comparte con su madre y hermana, sin orden judicial, por una denuncia anónima. No los dejaron pasar y consiguieron una orden telefónica. Entraron con violencia y prepotencia apenas obtuvieron la orden, tiraban la reja, se bajaron 8 detectives. Tenía 11 plantas pequeñas en estado vegetativo en un indoor. Se llevaron también una cubeta de leche medicinal del refrigerador. Tenía los maceteros rotulados y su receta médica al día, más documentación de sus diagnósticos. No fue detenida y hasta la fecha no le ha llegado ninguna citación a Fiscalía. 

“Tuve mucho temor de ir a la cárcel y dejar a mis hijos por el proceso que tengo vigente. No me detuvieron pero se llevaron mis plantas. Hasta música le ponía a mis plantas, uno las cuida con amor. Entraron prepotentes como si fuera un gran operativo antidrogas. Estaban mis hijos, mi hermana y mi mamá”, agrega Daniela.  

Paulina Bobadilla, presidenta y fundadora de Mamá Cultiva y candidata a la alcaldía de Quilicura, envió un mensaje a todos los pacientes. «No somos culpables de nada, si somos culpables de algo es sólo de dar dignidad a nuestras familias y entregar una luz de esperanza. Los usuarios medicinales de cannabis no debemos llevar ninguna culpa, esto es una realidad nacional, solo en Quilicura hay más de dos mil usuarios de cannabis medicinal, es una realidad que se replica en Chile y Sudamérica. Tenemos que tener la seguridad de que estamos en el lado correcto, los únicos equivocados son el gobierno y los senadores que no han estado a la altura para respaldar a los usuarios», dijo Paulina.

Durante el foro se mostró un video del 2016 del fiscal Luis Toledo, Jefe Unidad de Drogas del Ministerio Público, en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados quien dice que la interpretación hecha por la Segunda Sala de la Corte Suprema es la correcta, y que la jurisprudencia los ha llevado a readecuar las políticas de persecución penal con los aparatos policiales, capacitando, intentando dar muestras a las policías que, efectivamente, no basta avistar una planta por sobre el cerco, sino conocer cuáles son los antecedentes en concreto de tráfico que tiene ese domicilio. Afirma también que están capacitando en el ministerio público y las policías en estas  materias, y que las denuncias anónimas de vecinos por cultivo tampoco constituyen indicio suficiente para entrar y registrar un domicilio.

Preocupa que, 5 años después, nada de esto se haya materializado, y tanto fiscales como policías actúan en la dirección opuesta.

“Aquí hay una incorrecta aplicación de las normativas, ciertamente todos estos pacientes no tuvieron que haber pasado por lo que pasaron”, finalizó el Defensor Penal Público, Pablo Villar.

“Estamos viviendo una arremetida prohibicionista, de una ideología retrógrada y patriarcal, que se asusta con todos estos cambios, con una ciudadanía que despierta, empoderada que quiere ejercer su autonomía y exigir sus derechos, y quieren poner esta bota pesada encima. Son los últimos estertores de un sistema que se cae. Necesitamos transformar nuestra sociedad y nuestra vida en comunidad. Necesitamos terminar con esta locura de estigmatizar y criminalizar una planta, si lo miramos con perspectiva es absolutamente un despropósito. Este movimiento no para, no más presos por plantar ni en Chile, Latinoamérica ni el mundo. No bajaremos los brazos”, cerró  Ana María Gazmuri