Ante la entrega el 26 de noviembre de 2019 del informe elaborado por Human Rights Watch respecto a la situación de Derechos Humanos vivida en Chile desde el inicio del estallido social, Fundación Daya declara lo siguiente: 

1. Desde el inicio del presente proceso de movilización masiva que vivimos en nuestro país, desde Fundación Daya hemos manifestado, en primer lugar, nuestro compromiso con la paz, la sana convivencia y la armonía entre conciudadanas y conciudadanos.
2. En este espíritu, entendemos que la base principal de la normalidad, debe ser ante todo la justicia social. Nuestra misión, inspirada en el amor compasivo, exige acciones afirmativas tanto individuales como sociales que sienten los fundamentos para afianzar la paz.
3. En ningún caso entendemos que la construcción de esa anhelada paz se debe entender sólo como un asunto de orden público. En ese sentido, creemos que un gobierno justo y sensato debiera optar por las vías del diálogo y la búsqueda de acuerdos, antes que la represión desatada. Un país fundado sobre la violencia institucional, es un país en deuda con sus propios valores más profundos. 
4. Por lo mismo, desde Fundación Daya declaramos que, lamentablemente, el informe de Human Rights Watch viene a refrendar lo que todo Chile sabe: en nuestra patria se violan los Derechos Humanos. La abundancia de testimonios, muchos de ellos, no resisten análisis. Las redes sociales, los medios de comunicación y las vivencias de cientos de miles de chilenos, dan fe de lo contenido en las páginas de esa publicación. La sumatoria de muertes, heridas graves y gravísimas, y un enorme abanico de vulneraciones a los derechos de las personas, no es ni una sumatoria de accidentes ni lamentables casualidades, Dicha acumulación habla claramente de un Estado decidido a ahogar la protesta social con violencia, antes que a establecer los fundamentos de un diálogo constructivo. 
5. Más allá de los efectos inmediatos del informe de la organización de Derechos Humanos, su mensaje debe servirnos para reafirmar la voluntad de impulsar soluciones que no sólo sirvan para calmar los espíritus, sino que verdaderamente permitan construir un país donde la justicia sea la fuente de la tranquilidad. Duele tener que comprobar, mediante observadores internacionales, lo que es evidente para quienes hemos vivido este proceso. Rechazamos, por ende, de manera tajante, la continuación de estas políticas represivas. Como pacientes y usuarios medicinales de cannabis, conocemos la indolencia y la insensibilidad de un estado que le da las espaldas a las necesidades de sus compatriotas. Por lo mismo, expresamos que este informe y su conocimiento marquen un punto de inflexión. Que sus duros datos sirvan para que las autoridades se hagan cargo de enmendar el rumbo, poniendo fin a un accionar policial que se aleja de prácticas humanitarias. Que la enseñanza de lo que el informe revela, sean verdaderamente el fin de una época oscura y el comienzo de un nuevo modo de relacionarse con la comunidad.
6. Nos interesa especialmente lo señalado en las conclusiones, donde se recomienda una reforma integral a la policía de Carabineros de Chile, entendiendo este proceso como parte imprescindible en la construcción de una patria justa y buena. Lo reiteramos como parte protagonista de una comunidad que muy bien conoce la vulneración, la injusticia y la discriminación.

Santiago, 29 de noviembre de 2019.