La Mesa de Unidad Social, constituida por más de doscientas organizaciones sociales, sindicales, de DDHH, medioambientales, pueblos originarios, pobladores, migrantes, del sector salud, de personas con discapacidad, feministas, de la educación universitaria y secundaria, profesores y académicos, entre las cuales se encuentra Fundación Daya, ha presentado un conjunto de demandas que busca promover los cambios estructurales necesarios para hacer de Chile un país sin el abuso y la desigualdad que detonó la crisis social y política. Para esto, es necesario realizar un nuevo acuerdo, elaborar un nuevo marco de funcionamiento, mediante una nueva Constitución, vía una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, Plurinacional y Paritaria.

Las demandas ampliamente compartidas en la sociedad chilena en relación al Cannabis Medicinal quedaron también plasmadas en el Pliego de Demandas para la implementación de una nueva Agenda Social. Dentro de los dieciséis bloques temáticos, el de Cannabis Medicinal plantea dos puntos centrales:

1. Detención de criminalización de usuarios. Respeto a la libertad terapéutica y soberanía personal de médicos y pacientes para el uso medicinal del cannabis contemplado en la ley 20.000 y el decreto 84.

2. Avanzar hacia una regulación integral del Cannabis que cautele adecuadamente las tres vías de acceso al Cannabis Medicinal; autocultivo, cultivos colectivos y acceso a productos de bajo costo regulados por la autoridad sanitaria, garantizando así mediante estas tres vías acceso democrático al uso medicinal del Cannabis.

Es decir, esta propuesta troncal parte por exigir el cese de la vulneración de derechos y amenaza constante que viven los usuarios de cannabis medicinal, teniendo el justo temor de ser allanados, sus plantas incautadas, detenidos, maltratados y procesados. Todo esto, a pesar de los múltiples fallos de la Corte Suprema que señalan con claridad que el cultivo para uso personal, y especialmente para uso terapéutico, no constituye delito ni falta. Por otra parte, los médicos tratantes también se sienten afectados con esta persecución a sus pacientes, persecución que además pone en riesgo su salud al obligarlos a descontinuar sus tratamientos, como consecuencia de la incautación de las plantas. 

Avanzando en ésta petición básica de respeto a la autonomía y soberanía personal, se deberá comenzar el camino hacia una regulación integral del Cannabis.

La Mesa de Unidad Social, pide también poner fin inmediato a la represión y que la Agenda Social contemple un compromiso por parte del Estado con una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación. La paz duradera que tanto anhelamos sólo es posible con justicia social.