• Nicolás Bustamante, docente y candidato a concejal, estuvo detenido desde el viernes 26 de marzo en la cárcel de Rancagua. Fue injustamente acusado de tráfico de drogas por tres plantas de cannabis que cultivó en el patio de su casa para tratar su depresión, según indicación de su neuropsiquiatra. 
  • El defensor penal público, Oscar Ortega, logró revertir la medida cautelar de prisión preventiva para que este esposo y padre de dos niños pudiera volver a casa. Nicolás salió en libertad la tarde del miércoles. La noticia fue revelada durante el conversatorio de esa noche de Fundación Daya; el candidato envió un sentido mensaje de agradecimiento por el apoyo recibido. 

Viernes 23 de abril de 2021. El Conversatorio “Usuarios Medicinales de Cannabis Privados de Libertad, Víctimas del Estado a la espera de Justicia y Reparación”, organizado por Fundación Daya y transmitido la noche del miércoles por redes sociales, reunió al periodista y Candidato a la Convención Constituyente por el Distrito 8, René Naranjo, y al abogado defensor de DDHH, Fernando Leal, con familiares de pacientes en prisión preventiva.

Desde la Región de O’Higgins se conectó Rafael Bustamante, hermano de Nicolás Bustamante, docente y candidato a Concejal de Doñihue, quien recuperó su libertad horas antes del conversatorio tras casi un mes detenido. Mientras que desde Puerto Natales, se unió Andrea Riviera, ex esposa de Eduardo Leiva, paciente de Fundación Daya Quilpué, detenido desde julio del 2020 en Punta Arenas. 

“A mi hermano lo trataron peor que a un delincuente, lo privaron de ver a sus hijos y a su esposa por casi un mes, los primeros días no le dieron agua, dormía al lado de sus deposiciones. Ha sido muy difícil para toda la familia”, dijo Rafael Bustamante.

Nicolás fue detenido el viernes 26 de marzo acusado de tráfico de drogas por tres plantas de cannabis que cultivó en el patio de su casa para tratar un cuadro de depresión y ansiedad que lo aqueja, según indicación de su neuropsiquiatra. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, ya tiene los antecedentes del caso. La Defensoría Penal Pública, DPP, logró revocar las medidas cautelares para su liberación, aunque, insólitamente, se le impuso una caución, debiendo pagar un millón y medio de pesos para salir en libertad (Ver nota del caso de 24Horas y nota de Fundación Daya

El periodista y candidato René Naranjo hizo un interesante análisis sobre el rol de la prensa en la cobertura de este tipo de casos, a veces en cercano vínculo con las policías que actúan en estos procedimientos. “Históricamente existió una relación muy directa entre las policías y los periodistas que cubrían a las policías. Apenas detenían a alguien, llamaban a la prensa para tener la foto y ya condenarlos porque esa foto es antes de un control de detención o de un juicio, esa parte de la prensa policial ha sobrevivido. En regiones, principalmente. Los periodistas son amigos de las policías porque ellos les dan las noticias, las exclusivas. Es una deformación profesional, nadie cuestiona”, analiza el profesional de la prensa.  

“Lo que le pasó a Nicolás es una barbaridad de todos los puntos de vista. Estos actos son violaciones a los derechos humanos. En el caso de Puerto Natales también, han vivido una situación oprobiosa, violenta que ha menoscabado sus derechos como ciudadanos. Este tema tiene que estar en la discusión constituyente, la legalización del cannabis y el derecho de las personas a decidir sus tratamientos de salud”, agregó el candidato constituyente. 

La Directora Ejecutiva de Fundación Daya, Ana María Gazmuri, quien ha estado acompañando a la familia desde el primer día, dio la noticia de su liberación y se presentó  un video con un saludo de Nicolas, grabado en libertad desde su casa, agradeciendo el apoyo de Daya, de Ana María  y de Paulina Bobadilla, presidenta y fundadora de Mamá Cultiva y candidata a la alcaldía de Quilicura. 

«Hola Soy el Nico Bustamante, estoy enviándoles este video de saludo desde mi casa, por fin desde mi casa, y más que nada es para agradecerles todo el apoyo y la ayuda que ustedes han proporcionado a esta batalla que está recién comenzando. No nos vamos a dejar caer, estoy con mucha fuerza, con mucha energía y ganas de seguir porque esto fue gracias a ustedes y gracias a todo mi entorno. Quiero agradecer nuevamente a Fundación Daya, a Ana María y Paulina que se portaron un siete, que estuvieron siempre en compañía con mi familia y bueno, ahí vamos a estar. Hoy día vamos a descansar un poquito a estar con todos mis seres queridos y desde mañana mismo si quieren ahí vamos a estar conversando y compartiendo los testimonios de este mes que fue muy difícil pero ya estamos fuera y vamos a seguir con la batalla, muchas gracias a todos y que estén muy bien”, dijo el profesor de Educación Física. 

PADRE EN PRISIÓN PREVENTIVA DESDE JULIO EN PUNTA ARENAS

Los panelistas conversaron también con Andrea Riviera, ex esposa de Eduardo Leiva, paciente de Fundación Daya Chillán, detenido desde julio del 2020 en Punta Arenas. Eduardo cultivaba para su tratamiento de salud y el de su pequeña hija, quien sufre una delicada condición desde pequeña, y el de su ex señora, operada por tumor pancreático. Los tres son usuarios medicinales de cannabis. Ya los antecedentes de este delicado caso están en manos del INDH de Magallanes.

Este caso revierte especial gravedad, ya que Eduardo es un paciente psiquiátrico con carnet que indica 50% de discapacidad mental, producto de su trastorno de personalidad limítrofe, quien, después de grandes esfuerzos de su parte y prolongados tratamientos, logra funcionalidad en todos los ámbitos de su vida y cumple con dedicación sus obligaciones parentales, compartiendo la tuición de su hija con Andrea. En este equilibrio y reinserción social y laboral, el uso del cannabis jugó un rol relevante para la gestión de su salud y bienestar, evitando conductas auto lesivas, incursionando en el uso de formatos saludables, como aceites y comida, más vaporización, con la asesoría de Fundación Daya. 

Este positivo y exitoso proceso se ve interrumpido con su criminalización, echando por la borda los logros alcanzados. No se entiende que, por un lado, el Estado, mediante el Servicio De Salud de Magallanes indique el positivo rol que el cannabis tiene en la vida de Eduardo, y que, por otro lado, lo persiga por cultivar las plantas que posibilitan tanto su tratamiento como el de su hija, ambos prescritos por un médico. 

“Nos han hecho mucho daño, a toda la familia. Él es muy buen papá, ama a su hija, es responsable. Estuve 4 meses internada en Santiago por graves problemas de salud y él se encargó bien de todo. Mi hija extraña a su papá, es su príncipe, no lo ve hace casi un año”, dijo Andrea. Ahora pronto viajarán juntas a Santiago a una compleja operación a corazón abierto de la pequeña, “ella está nerviosa y no puede abrazar a su papá”, finalizó emocionada. 

“Cuesta creer que estamos en Democracia cuando se violan de forma reiterada y sistemática los DDHH de las personas, que en pleno siglo 21 a la gente se le persiga por buscar un tratamiento médico. Esto no puede seguir pasando. Hay que demandar al Estado por daño moral, no tienen por qué soportar esta carga terrible por errores de agentes del estado”, dijo el abogado defensor de DDHH, Fernando Leal.