Por Ana María Gazmuri, directora ejecutiva Fundación Daya

Como ha sido bien difundido en los medios nacionales, en el mes de febrero se conoció un estudio realizado en nueve países de Latinoamérica por el Observatorio de Políticas de Drogas y Seguridad Humana, concluyendo que la sociedad chilena tiene una de las miradas más liberales en cuanto al consumo de cannabis.

La encuesta reveló, por una parte, que los chilenos declaran el mayor consumo de cannabis en la región, y por otra, que Chile es uno de los países más proclives a realizar reformas en torno al tema, con un 48,2% de apoyo para legalizar el cannabis y un 52% que está de acuerdo con su uso recreacional. La encuesta además arrojó la cifra más baja en percepción de riesgo del consumo de cannabis, con 6,9 puntos de una escala de 1 a 10.

De esta forma Chile se ubica, junto a Uruguay, país que legalizó el cannabis con un 42% de apoyo, como uno de los países más liberales en torno al tema, mientras que Perú, Bolivia y El Salvador son catalogados como los más conservadores. Estos índices muestran con claridad que el apoyo a la legalización es más alto en países con un elevado Índice de Desarrollo Humano (IDH, mide acceso a educación, salud y calidad de vida)

En Chile la Ley 20.000 con toda claridad prohíbe el cultivo, porte y tenencia de Cannabis cuando está destinada al tráfico, y permite estos mismos actos cuando se ejercen para uso personal. El respeto a la letra de la ley y su espíritu original ha comenzado a ser una realidad a partir de un primer fallo positivo de la Corte Suprema en junio del 2015, al que le siguieron múltiples fallos de diversos tribunales que han permitido el sobreseimiento de ciudadanos procesados por cultivo y/o porte, y la aceptación de diversos recursos de protección y amparo de usuarios medicinales miembros de Fundación Daya. También ha sido relevante otro fallo de la Corte Suprema que determina que el mero avistamiento de plantas no justifica la entrada, registro ni incautación de las mismas. Es decir, el autocultivo para uso personal es lícito en Chile, independientemente del número de plantas cultivadas.

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Aun así, y entendiendo que lo importante en nuestro ordenamiento jurídico es para qué se cultiva (uso personal, lícito, o tráfico, ilícito) y no cuánto se cultiva, la falta de definición de umbrales genera un ámbito discrecional que podría perjudicar a los usuarios. Perdura entonces una incertidumbre jurídica que sin duda es necesario despejar, ya que no es posible que haya que pasar por un juicio cada vez que se quiera demostrar la legalidad de un cultivo doméstico.

Esta era la tarea a la que se abocó la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, con la llamada “Ley Autocultivo”, que busca modificar la actual Ley 20.000 para garantizar efectivamente la legalidad del autocultivo. Dos años han transcurrido ya de iniciada esta tramitación, sin resultados concretos aún, y con un proyecto cada vez más confuso y contradictorio, alejándose críticamente del espíritu original. Así como va, es válido plantearse la duda de si será mejor seguir con la ley tal como está, confiando en que la mirada del Poder Judicial siga permeando a todas las instituciones involucradas en la temática.

Esperamos que en la reposición de esta discusión en las próximas semanas en la Comisión de Salud, se retome su espíritu original para que finalmente se genere una legislación que se haga cargo de la abundante evidencia disponible en la actualidad, sobre la eficacia de una regulación responsable como la mejor vía para proteger la Salud Pública, bien jurídico que se busca resguardar a través de la ley de drogas.

Sustancias lícitas, sustancias ilícitas: ¿clasificación basada en la evidencia?

Hoy en Chile, aunque a veces algunos parecen olvidarlo, está permitido el consumo de todo tipo de sustancias, tanto lícitas como ilícitas, clasificación que, como bien sabemos, nada tiene que ver con su potencial de daño, de adicción o su toxicidad. Si fueran esos criterios científicos objetivos los utilizados para definir cuáles drogas deben ser lícitas y cuáles no, sin duda que serían el tabaco y el alcohol las drogas que debieran estar ilegalizadas.

Hoy sabemos que el cannabis no es la puerta de entrada a drogas duras (tal como lo afirmó el nuevo director del Senda, el doctor Patricio Bustos, al igual que lo hiciera Francisca Florenzano, directora de Senda durante el gobierno de Sebastián Piñera), sino que también puede ser la puerta de salida, como lo demuestran la cada día más abundantes experiencias impulsadas en España, Colombia, y EE. UU. sobre el uso de cannabis en rehabilitación de alcohol y otras drogas duras.

Es importante recordar que el cannabis no es inocuo, como no lo es ninguna droga, no obstante lo cual el potencial de adicción que tiene el cannabis, según la OMS, es de 9%, muy por abajo del 15% del alcohol y el 32% del tabaco, y no existe el riesgo de morir por una sobredosis de cannabis, lo que la convierte en una sustancia más segura y mucho menos dañina que el alcohol y el tabaco, a pesar de ser estos últimos legales en gran parte del mundo. Sin embargo, al igual que con el tabaco y el alcohol, el uso del cannabis debe estar permitido solo para mayores de edad, salvo cuando es para uso médico.

Sin embargo, la experiencia nos muestra que nunca el camino de la prohibición ha sido efectivo para disminuir los consumos, además de vulnerar el ámbito de la autodeterminación y la soberanía personal: baste recordar lo sucedido con el alcohol en Estados Unidos durante la ley seca, o con el cannabis en la actualidad allí donde aún se mantiene ilegalizado o, al menos, no regulado. En las sociedades que aún aplican el modelo prohibicionista que criminaliza al usuario (mayoritariamente a los que pertenecen a sectores más vulnerables), inspirado en la fallida “Guerra a las Dogas”, causante de una inmensa tragedia social en el mundo entero), campea el mercado negro controlado por el narcotráfico, que no duda en hacer de los jóvenes su principal objetivo; los usuarios arriesgan su salud al utilizar cannabis cuya dudosa calidad también es controlada por las mafias, se ven empujados a vincularse con el mundo delictual y el consumo desinformado con sus posibles riesgos no para de aumentar, particularmente en los jóvenes.

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¿Cómo, entonces, enfrentamos esta situación? La experiencia internacional nos muestra que la regulación responsable, acompañada por una estrategia de prevención veraz, es el camino adecuado para cuidar de mejor manera la salud de la población, incluyendo de manera central a niños y jóvenes.

Hoy en día, y ante el creciente movimiento para legalizar el cannabis en gran parte del mundo, quienes están en contra de la legalización son especialmente exagerados en sus aseveraciones cuando hablan sobre los supuestos riesgos, y reciben mucha atención mediática. Este estilo alarmista debe ser reemplazado por lo que nos muestra hoy la evidencia científica, ya que muchas de las acusaciones más serias se debilitan cuando son evaluadas críticamente. El escrutinio científico ha revelado que los dichos sobre los riesgos de la marihuana han sido exagerados, y en algunos casos, incluso inventados. Ejemplo de eso es lo que ocurrió hace pocos días, cuando la DEA (Administración para el Control de Drogas de EE.UU.) tuvo que remover de su sitio web un documento llamado “Riesgos y consecuencias del abuso de marihuana”, cuyo contenido fue denunciado ya que diversas afirmaciones que se hacían sobre el cannabis no tenían sustento, discrepando con la literatura científica disponible al día de hoy. Entre estas falsas afirmaciones se contaban la de la teoría del cannabis como puerta de entrada a otras drogas y que el cannabis produciría psicosis y daño cerebral a largo plazo.

Vemos en un reciente estudio, de mayo del 2016, realizado por la Washington University School of Medicine, comentado incluso en el Washington Post, que, a medida que avanza la regulación en EEUU, disminuye fuertemente el consumo juvenil. A las mismas conclusiones llega el Reporte Federal encargado por la NIDA, símil del Senda chileno, donde muestra que los índices de consumo juvenil han bajado, incluso a los niveles más bajos reportados. Nora Volkow, Directora de NIDA, declaró que “habíamos predicho, basados en los cambios de la legalización, así como en el descenso de la percepción de riesgo entre los jóvenes, que el acceso y el uso aumentaría. Pero no ha subido, no ha aumentado. No tengo una explicación, esto es algo sorprendente

Recordemos que ella es reconocida por la línea prohibicionista, admirada por personajes locales como Mariano Montenegro, ex director del Senda. Aun así, Volkow, quien estuvo en Chile el 2015 invitada a exponer en un Seminario organizado por la Universidad de Chile, debió admitir los resultados del estudio por ellos mismo encargado, los que confirman que el camino de la regulación responsable, respetuosa de las libertades, pero con énfasis en la educación y la prevención eficaz, es la que protege de manera adecuada la salud de la población, particularmente de los jóvenes.

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Prevención Eficaz

Las estrategias preventivas convencionales, como la implementada hasta este momento en Chile, fracasan, como lo indican claramente las cifras por todos conocidas, por razones diversas, como la poca disposición para distinguir entre el uso y el abuso de drogas, proclamando que “todo uso constituye abuso”, la utilización de información errónea para infundir temor, y la negativa de brindar un amplio espectro de información que pueda ayudar a las y los jóvenes a disminuir el daño que podría resultar del consumo de drogas.

Es necesario, además de sensato, cambiar de estrategia cuando la implementada por años solo muestra su creciente fracaso, particularmente en el ámbito de las políticas públicas. El esfuerzo debe estar puesto, según nuestro parecer, en dos grandes líneas de trabajo: en la prevención desde una perspectiva de reducción de daños, alejada de obsoletas campañas del terror, que pocos efectos tienen en nuestra juventud, y en un fortalecimiento de factores protectores vinculados a la oferta de actividades culturales, artísticas y deportivas, por la otra, como lo hacen hoy países como Islandia.

Esta perspectiva debe tener como norte la seguridad de nuestros jóvenes, ante todo. Es importante retrasar la edad de inicio del consumo de toda sustancia, particularmente del alcohol, pero también de cannabis, así como educar sobre las drogas y sus riesgos de manera seria y rigurosa, con enfoques realistas y cercanos a la población, con información actualizada y veraz. Debemos entablar una conversación más fina, que distinga el uso y el abuso, de lo contrario, el mundo adulto pierde credibilidad frente a la juventud. El enfoque de control de riesgos y reducción de daños responde de mejor manera a la necesidad de entregar herramientas que permitan a los jóvenes, de manera informada, tomar mejores decisiones.

Al igual que el enfoque moderno que se usa hoy en educación sexual, con énfasis en evitar embarazo adolescente y transmisión de enfermedades sexuales, poniendo el foco en la seguridad, se debe hacer en materia de drogas. No quisiéramos que nuestros jóvenes usaran drogas de ningún tipo, pero si, a pesar de eso, deciden hacerlo, deben contar con información necesaria para gestionar sus riesgos y disminuir sus posibles daños. Sin duda que una rica oferta de actividades culturales, artísticas y deportivas, que promuevan la integración social y fomenten el desarrollo integral de niños y jóvenes, como se hace en Islandia, es una estrategia que también debe ser incorporada.

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El desafío del nuevo Director de Senda será generar políticas preventivas en el uso de drogas, basadas en principios de la salud, la ciencia y los derechos humanos. Vemos con gran esperanza los importantes logros en ese sentido que tienen las sociedades que regulan en vez de prohibir. “La seguridad ante todo” es el nombre también de un programa preventivo desarrollado por la Drug Policy Alliance, organización que exige políticas de drogas alternativas, basadas en principios de la salud, la ciencia y los derechos humanos. Esta organización sin fines de lucro, dirigida por Ethan Nadelmann, experto en políticas de drogas de talla mundial, plantea un enfoque realista sobre los adolescentes y las drogas.

Vemos con gran esperanza los importantes logros en ese sentido que tienen las sociedades que regulan en vez de prohibir, bajando drásticamente los consumos problemáticos y la criminalidad asociada, y disminuyendo el consumo juvenil. Sin duda es la regulación responsable la estrategia que mejor vela por la Salud Pública, como bien jurídico a proteger, y este el camino que, como sociedad responsable, nos corresponde iniciar.

Esperamos que el Doctor Patricio Bustos tenga la entereza y convicción necesarias para liderar este cambio de paradigma, en pos de la salud de nuestra población y la protección de nuestra juventud.