Ivo sigue sufriendo, detenido en su casa producto de una denuncia anónima, la cual desencadenó una condena de sesenta y un días de presidio menor en su grado mínimo, acompañada de multas y suspensiones. El caso de Ivo refleja lo que miles de personas en Chile están expuestas a sufrir solo por buscar una salida alternativa para sus dolores y padecimientos, solo por ejercer su derecho a escoger, junto a su médico, Carlos Valenzuela, director médico de Daya Quilpué, el tratamiento que más lo beneficie.

Ivo Mena es una víctima. Víctima de un sistema absurdo, víctima de un Estado que decide perseguir y castigar a los más vulnerables. Ivo ha mantenido un  dolor crónico en la rótula por más de seis años, dolor que ha disminuido sustantivamente gracias al uso de cannabis medicinal  acompañado de la asistencia brindada por Fundación Daya Quilpué. El decidir autocultivar cannabis con fines medicinales ha sido para él, al igual que para miles de personas en Chile, la vía de acceso a esta opción terapéutica que permitió mejorar su calidad de vida. No obstante, Ivo sigue sufriendo, detenido en su casa producto de una denuncia anónima, la cual desencadenó una condena de sesenta y un días de presidio menor en su grado mínimo, acompañada de multas y suspensiones. El caso de Ivo refleja lo que miles de personas en Chile están expuestas a sufrir solo por buscar una salida alternativa para sus dolores y padecimientos, solo por ejercer su derecho a escoger, junto a su médico, Carlos Valenzuela, director médico de Daya Quilpué, el tratamiento que más lo beneficie. Suena absurdo, pero así es.

La ley 20.000, ley de drogas que busca perseguir el tráfico de sustancia psicotrópicas en nuestro país, ha sido sistemáticamente mal aplicada, transformándose en una herramienta de criminalización de la población, particularmente de los sectores más vulnerables. A pesar de lo anterior, los diversos usos del Cannabis, la sustancia no regulada con mayor prevalencia de consumo en Chile, constituyen una innegable realidad; Chile destaca en la región por el más alto reconocimiento de consumo, con un 40%, seguido por Argentina (39%) y México (32%). Un 48,2% de la población apoya la idea de su legalización, tal como lo han hecho Uruguay y Canadá, según revela el paper llamado “Latin America: Results from a Latin-American Survey” publicado en el International Journal of Drug Policy. Cuando hablamos de uso medicinal del cannabis, el apoyo llega al 80% en nuestro país.

La sesgada aplicación de políticas de seguridad y estrategias contra el narcotráfico solo dejan un abultado número de ciudadanos detenidos y encarcelados, con el foco puesto en la persecución de cultivadores y usuarios personales, alejándose de la necesidad de trabajar y enfocar recursos para el verdadero problema que nos aqueja: la ejecución de una nueva y moderna política de drogas, basada en el respeto de los DDHH, con enfoque de salud pública. En Chile, hoy las cifras hablan por sí solas. El Informe Nacional De Procedimientos Policiales Por Infracción A La Ley 20.000 De Drogas del 1° trimestre del año 2018 declara que el 70,5% de los detenidos por infracción a dicha ley  han sido por porte, consumo o cultivo (6.967 detenciones),de las cuales el 15,6% son por cultivo de cannabis (1550 detenciones en los primeros 3 meses del año). Solo 163 de las detenciones fueron producto de un proceso de investigación. Con estas cifras queda de manifiesto que la aplicación de las políticas de seguridad no están enfocadas en el problema real, es decir,  las redes de narcotráfico. Esta ineficiencia en las labores investigativas y de control han terminado por perseguir a los más débiles, permitiendo así que el crimen organizado siga creciendo, nutrido con los recursos de la producción y venta ilícita de drogas, extendiendo sus redes hasta municipios e instituciones.

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