• La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ofició al Estado chileno para que le entregue toda la información sobre cómo aplican la Ley de tráfico de drogas contra usuarias y usuarios de cannabis que autocultivan.
  • Una vez que Chile envíe los antecedentes, la Corte revisará y decidirá si admite a trámite la denuncia presentada por el médico psiquiatra Dr. Milton Flores en contra del Estado de Chile en 2014, tras ser condenado por el delito de cultivo ilegal de Cannabis Sativa.
  • El debate ya está presente en la Convención Constituyente, donde un grupo de convencionales y de organizaciones relacionadas busca consagrar un marco de libertades personales y el derecho a la salud, lo que abriría la puerta para avanzar en una regulación integral del Cannabis.

Miércoles 10 de noviembre de 2021. Hace siete años, el médico psiquiatra chileno Dr. Milton Flores Gatica, director del Instituto para el Desarrollo de la Vida en Comunidad, Triagrama, fue condenado por el delito de cultivo ilegal de Cannabis Sativa. Ante esta arbitrariedad, el facultativo denunció al Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, quien se pronunció solicitando al Estado información sobre cómo está aplicando la Ley en contra de usuarios personales cultivadores.

El organismo internacional notificó y entregó un plazo al Estado de Chile para pronunciarse respecto a esta denuncia en su contra, que data desde el 2014, por el “desconocimiento de la condición fundamental de la persona e intromisión de carácter totalitario que vulnera la Soberanía Personal consagrada en el derecho vigente nacional e internacional, al criminalizar y sancionar arbitrariamente a quien opta por realizarse espiritualmente asistido por enteógenos, en el contexto de un conocer inclusivo y aplicado”.

“Son buenas noticias, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dado este paso justo en el momento en que los diversos esfuerzos, incluido el nuestro, nos tiene en un proceso país cuestionando y recreando la noción de Estado, la clase de Estado que necesitamos para realizarnos armónicamente, sin abuso ni opresión de ninguna especie, y refuerza desde el espacio internacional la exigencia que le estamos formulando a lo Público”, dice el equipo de Triagrama que lidera el médico psiquiatra.

Ahora, corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores procesar el pronunciamiento del Estado que tiene hasta febrero de 2022 para responder a la solicitud de la CIDH.

El abogado patrocinante, Ciro Colombara, señala que «este caso representa una oportunidad para que el Sistema Interamericano se pronuncie, desde la perspectiva de Derechos Humanos, sobre un tema que se está debatiendo a nivel mundial. Tenemos certeza que este caso seguirá avanzando, llegará a la Corte Interamericana y tendremos una sentencia favorable”.

El Dr. Flores junto al ex ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas.

 

CANNABIS EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN
La nueva carta fundamental del país debería consagrar un marco de libertades personales y el derecho a la salud, lo que abriría la puerta para avanzar en una regulación integral del Cannabis. Así lo asegura un grupo de convencionales y de organizaciones relacionadas.

En la misma línea, Fundación Daya usará todas las vías de participación ciudadana y buscará reunir 15 mil firmas de al menos cuatro regiones del país para presentar una iniciativa popular de norma constitucional. Un mecanismo consagrado en el reglamento de Participación Popular, que es equivalente a una propuesta presentada por un convencional constituyente.

Su fundadora, Ana María Gazmuri, candidata a diputada por el Distrito 12, agrega que en paralelo ya solicitaron audiencia a la Comisión de Derechos Fundamentales, y además presentarán una moción con el apoyo de ocho constituyentes, entre quienes se cuentan Manuela Royo, Alejandra Pérez y Mariela Serey, entre otros. Para ver la posibilidad de incluir un artículo constitucional, que, según una de las propuestas sugeridas por diversos abogados podría quedar así: “Los seres humanos tendrán derecho a la autodeterminación y pueden decidir su vida y adoptar decisiones en libertad, sobre la base de lo que la voluntad designe. Todo ello con respeto a los derechos ajenos y a los límites básicos que señala la ley”.

Entre los convencionales comprometidos con el tema, está Manuela Royo, quien propone incluir el cannabis en la nueva Constitución: “Tenemos que consagrar el uso del cannabis sativa como una libertad personal. Basta de criminalizar su uso. El único fundamento de su criminalización y sanción es el daño a la salud pública, y creo que eso no sucede con este tipo de sustancias”. Para lo que sugirió incluir el debate en la comisión de derechos fundamentales.

Por su parte, el abogado y constituyente Mauricio Daza, condenó la “persecución criminal del consumo de cannabis en cualquiera de sus formas, ya sea para uso medicinal o recreativo (…) la marihuana ha demostrado ser una sustancia que atenta en menor grado que otras drogas a la salud pública”.

El escritor Jorge Baradit, también está a favor del uso medicinal de la cannabis, “está más que probado y debe estar al alcance de las personas”. Aunque cree que es un tema que debe avanzar en lo legislativo.

En una postura similar, está el vicepresidente Pedro Muñoz, a favor del autocultivo y de la legalización del cannabis: “No necesariamente debe quedar reconocida en la constitución, pero sí establecer un marco normativo que garantice las libertades personales (…) Yo le diría a los legisladores que apuraran el tranco, porque ya hay otros países que ya tienen una regulación de esta materia. Hay distintos sistemas y alternativas. También es importante, además de darle espacio a las libertades y garantizarlas, combatir el narcotráfico”.