Luego de su participación en numerosos juicios que han afectado a usuarios medicinales de cannabis, Alejandra Ahumada, directora técnica de Fundación Daya y química farmacéutica de profesión, pasó a ser reconocida oficialmente por la Defensoría Penal Pública de la Región Metropolitana Sur, como Perito Químico especializada en cannabis.

Tal como lo establece el Código Procesal Penal de Chile en su artículo 314, párrafo sexto, el cual versa sobre la procedencia de los informes de peritos en un juicio: “El ministerio público y los demás intervinientes podrán presentar informes elaborados por peritos de su confianza y solicitar en la audiencia de preparación del juicio oral que éstos fueren citados a declarar a dicho juicio, acompañando los comprobantes que acreditaren la idoneidad profesional del perito.

Procederá el informe de peritos en los casos determinados por la ley y siempre que para apreciar algún hecho o circunstancia relevante para la causa fueren necesarios o convenientes conocimientos especiales de una ciencia, arte u oficio.

Los informes deberán emitirse con imparcialidad, ateniéndose a los principios de la ciencia o reglas del arte u oficio que profesare el perito”.

Con este reconocimiento inédito en nuestro país, la Defensoría Penal Pública reconoce la idoneidad profesional e imparcialidad de Alejandra Ahumada, como perito en juicios que deben dilucidar si el cultivo o posesión de cannabis de parte de un acusado, estaba efectivamente destinada a fines medicinales.

Así mismo, este reconocimiento valida su opinión en dichos procedimientos, para que de esta manera los jueces puedan decidir si las cantidades encontradas, ya sea de plantas o materia vegetal cosechada, son necesarias o no para el tratamiento de la patología de quienes enfrentan una persecución penal.

Cabe destacar que estos procedimientos son muy ocasionales, pero siguen afectando esporádicamente a usuarios medicinales en nuestro país, quienes de manera injusta se ven obligados a demostrar ante tribunales que dicha materia vegetal está destinada al tratamiento de sus enfermedades y no al tráfico. Y que una vez acreditado, terminan siendo absueltos de los cargos. Esto, debido a que en Chile se permite el uso “personal, exclusivo y próximo en el tiempo” del cannabis, tanto para fines medicinales como recreativos, puesto que la Ley 20.000 busca castigar el tráfico de diversas sustancias y no su consumo.

Actualmente la Directora Técnica de Fundación Daya participa en tres juicios en curso, en donde uno de sus roles principales ha sido actualizar e informar, tanto a la Fiscalía como a los defensores públicos, en temas relacionados a la evidencia científica que respalda el uso del cannabis medicinal en las patologías susceptibles de ser tratadas con ella, las cantidades de materia vegetal necesarias para los diversos preparados medicinales y los elementos necesarios para su elaboración doméstica, entre otras temáticas relacionadas que varían según cada caso.

Catalina Delgado, abogada y directora del consultorio jurídico de Fundación Daya, que presta asesoría jurídica a los pacientes que injustamente han debido enfrentar este tipo de procedimientos judiciales, considera que gran parte de los problemas penales que tienen los usuarios de cannabis en nuestro país, provienen de falta de información tanto de los fiscales y tribunales, respecto al detalle pormenorizado de su uso medicinal.

“Una recomendación típica por ejemplo de Fiscalía o las policías, es decir que cuando hay presencia de pesas se trata de tráfico, ignorando que el consumidor medicinal debe tener una pesa para medir con exactitud los gramos de materia vegetal que utilizará para fabricar los preparados medicinales necesarios para su terapia”, explicó la abogada.

En este sentido Delgado celebra el trabajo realizado por Alejandra Ahumada y su reconocimiento como perito químico especializado en cannabis, pues entrega herramientas necesarias a los tribunales para que puedan decidir y emitir juicios de manera informada. “Fiscalía debe respetar los derechos que tiene el consumidor de cannabis de acceder por la vía del cultivo a una mejor salud, un mayor bienestar. En el fondo, lo que hace nuestra perito químico es una colaboración directa al ejercicio de los Derechos Humanos informando a los tribunales para que puedan tomar mejores decisiones”, recalcó.

Recordemos que antes de recibir este reconocimiento oficial, el primer caso en el que participó Alejandra Ahumada como perito fue en 2014, en el juicio que afectó al ex carabinero David Araya, quien fue dado de baja por la institución, luego de ser acusado de tráfico a pesar de tratarse de un usuario medicinal de cannabis, tal como se señala en la sentencia del tribunal que lo absolvió de todos los cargos, reconociendo que el ex uniformado utilizaba la cannabis para tratar los dolores crónicos que le provocaron las fracturas que lo afectaron luego de una caída de 20 metros mientras perseguía a un delincuente en la ciudad de San Felipe.

Para Alejandra, este caso marcó su interés por participar de este tipo de instancias, pues vio que en ellas no sólo podía educar a jueces, fiscales y abogados, sino que también ayudar los usuarios medicinales de cannabis injustamente perseguidos en nuestro país. “En el caso de David Araya entregué información desconocida para los jueces y magistrados, una pericia desde el punto de vista medicinal del uso del cannabis. Además el objetivo principal de la defensa era que David saliera absuelto y así fue, siendo reconocido como usuario de cannabis medicinal”, señaló.

En cada juicio la perito químico explica, desde un punto de vista técnico, por qué el paciente cultivó cantidades determinadas de cannabis o por qué la cantidad encontrada tiene un fin medicinal y no el tráfico. Además justifica el uso medicinal de la planta en la patología de cada caso basada en la evidencia científica y la experiencia clínica actualmente disponible, explicando a los jueces el origen de las propiedades terapéuticas de la planta, instruyéndolos sobre qué son y cómo funcionan los fitocannabinoides, y cómo éstas moléculas químicas producidas por la planta generan sus propiedades terapéuticas a través del Sistema Endocannabinoide, así como sobre el funcionamiento de éste sistema de receptores químicos en nuestro organismo.

Otro de los casos en que la actual perito químico especializada en cannabis participó, fue el juicio que afectó a Ricardo Gaete, usuario medicinal que estuvo en prisión preventiva durante seis meses por cultivar cannabis para tratar su psoriasis. En dicho juicio, Ahumada explicó a los jueces en su calidad de perito, cómo era el proceso de fabricación de los preparados medicinales, lo que permitió a los abogados defensores demostrar que la cantidad de plantas que el usuario mantenía en su hogar tenían una finalidad medicinal, en este caso la elaboración de los ungüentos para el tratamiento de la psoriasis.

“Desde Fundación Daya estamos marcando la diferencia, como lo hemos hecho en otras áreas, defendiendo efectivamente el uso medicinal del cannabis, ayudando a que se comprenda la diferencia entre tráfico y uso medicinal o personal. Quienes deben ser llevados a juicio no son los pacientes, sino quienes trafican con esta planta”, indicó la directora técnica.

Finalmente la directora técnica de Fundación Daya, considera que la entrega de información veraz es importante para que en un futuro “no se tenga que defender a nadie por esto. La hija de Ricardo Gaete nació mientras él estaba preso y ¿quién le devuelve ese tiempo perdido? Nadie. Él salió absuelto y vuelve a su vida, pero después de seis meses privado de libertad y de perderse el nacimiento de su hija por una situación injusta”, concluyó la especialista.