Junto con los saludos protocolares hacia el Dr. Patricio Bustos Streeter, quien asumió recientemente como director del SENDA, en la reunión entre representantes de dicha organización gubernamental encabezados por su director, y miembros de Fundación Daya representados por su directora ejecutiva Ana María Gazmuri y por Nicolás Dormal, director de desarrollo de la institución, se abordaron diversas temáticas relacionadas con el derecho de los usuarios de cannabis medicinal a cultivar la materia prima para sus preparaciones terapéuticas.

En la ocasión, Fundación Daya expresó su preocupación por recientes actuaciones policiales que han terminado con la persecución penal en contra de algunos usuarios de cannabis medicinal, incluidas la incautación de sus plantas, lo cual a nuestro juicio, atenta contra los Derechos Humanos de los pacientes dado que, no solo corresponde a una mala interpretación de la legislación vigente, sino que impide que las personas afectadas puedan continuar con sus tratamientos, con el riesgo a su salud que esto implica, además de someterlos a procedimientos que atentan contra su dignidad en sus entornos sociales. Es por ello que Fundación Daya hizo ver a SENDA la necesidad de educar a fiscales y policías en la correcta interpretación de la ley, la cual ha sido establecida por numerosos fallos judiciales en nuestro país.

Es importante recordar que el cultivo de cannabis, cuando está destinado al “consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo”, lo que incluye a los tratamientos médicos, no está prohibido en Chile, por lo tanto no constituye falta ni delito y no requiere autorización alguna. La normativa vigente persigue el tráfico de ciertas sustancias, dentro de las cuales se encuentra el cannabis, no así el cultivo y consumo de cannabis cuando es para uso personal.

Sin embargo, la confusa redacción de la ley ha permitido un incorrecta interpretación por parte de las policías y fiscales, quienes tienen a cargo la persecución penal. Es por ello que algunos usuarios medicinales han sufrido la incautación de sus cultivos, y en algunos casos han resultado detenidos. A pesar de ello, cabe destacar que el porcentaje de pacientes que han debido vivir esta situación es bastante bajo —aunque se ha visto un aumento de dichos procedimientos durante este año, de ahí la preocupación de Fundación Daya—y que de ellos, todos los casos han finalizado con fallos judiciales a su favor.

Patricio Bustos y Ana María Gazmuri. SENDA

Ana María Gazmuri, directora ejecutiva de Fundación Daya, hace entrega de documento «Cannabis: Evidencia científica de uso medicinal, regulación y políticas públicas» al Dr. Patricio Bustos, director de SENDA.

Así mismo Fundación Daya reiteró la importancia de legislar al respecto para evitar este tipo de arbitrariedades y proteger así de mejor manera el derecho de los usuarios de cannabis, no solo a los medicinales, evitando la innecesaria judicialización de situaciones que no se enmarcan en el tráfico de estupefacientes.

Con respecto a este tema, Patricio Bustos, director de SENDA, reiteró su postura de “regular en lugar de prohibir”. Una posición que en opinión de Fundación Daya es la adecuada, ya que la experiencia internacional demuestra que el prohibicionismo ha sido una estrategia fracasada tanto para acabar con el narcotráfico como para retrasar la edad de inicio del consumo de sustancias. Junto a ello, el Dr. Bustos señaló que se encuentra buscando los consenso necesarios para re impulsar el proceso de modificación de la ley 20.000, buscando alinear la posición del Ejecutivo con los planteamientos realizados por diversas organizaciones de la sociedad civil.

Junto a ello Fundación Daya presentó una campaña de prevención y consumo responsable de sustancias como el cannabis que busca implementar en los próximos meses, el cuál, a través de la entrega de información veraz y científica sumado a la llamada“educación de pares”, exitosa estrategia impulsada en países europeos por la organización Unity —socios de Daya en este proyecto de educación y prevención—, buscará prevenir y retrasar la edad de inicio en el consumo de diversas sustancias.

La reunión finalizó con la entrega del documento “Cannabis: Evidencia científica de uso medicinal, regulación y políticas públicas”, un compendio con las investigaciones y estudios más recientes a nivel mundial que demuestran la seguridad y eficacia del uso del cannabis para el tratamiento de numerosas patologías. Se presenta también en este documento, el estado actual de la evidencia sobre la eficacia de los diversos enfoques de regulación, la cual muestra con claridad que en un marco de regulación responsable, respetuoso de los DDHH y alejado de enfoques prohibicionistas, se vela de mejor manera por la salud pública, bien jurídico a proteger por la ley de drogas.