Tres mujeres de diferentes ciudades del país que fueron vulneradas por las policías tras ser allanadas por cultivar cannabis medicinal, compartieron emotivos y crudos testimonios en el Conversatorio “Persecución de mujeres cultivadoras en Chile: Una dramática realidad”, moderado por la Directora Ejecutiva de Fundación Daya, Ana María Gazmuri, junto con el abogado Claudio Fierro, Jefe de la Unidad de Corte de la Defensoría Penal Pública y Paulina Bobadilla, Presidenta de Mamá Cultiva. 

Santiago, 16 julio 2020. Los allanamientos e incautaciones perpetradas por las policías, con la anuencia del Ministerio Público, en contra de los usuarios medicinales de cannabis ha recrudecido este año, en plena pandemia. Esta injusta persecución policial ha afectado con especial intensidad a madres y mujeres que ejercen su derecho a cultivar cannabis, quienes sufren una situación de abuso y criminalización cargada de violencia de género. 

Muchas de las denuncias que provocan los allanamientos son realizadas por ex parejas, a modo de venganza y perpetuación de control de los agresores, o en contextos de juicios de familia, para afectar la honra y menoscabar los derechos de las madres sobre sus hijos y sus correspondientes pensiones de alimentos, o incluso, la tuición de los mismos. 

El escenario es crítico, en sólo estos cinco meses que llevamos del 2020, los casos de criminalización de usuarios medicinales de Cannabis superan la suma de los años 2019 y 2018. Realidad altamente preocupante, considerando que cultivar cannabis para uso personal, incluido el medicinal, es lícito en Chile. 

Tres mujeres de diferentes ciudades del país se atrevieron a contar sus historias de profunda vulneración a sus derechos, violencia y abuso policial, que vivieron tras ser allanadas, en el Conversatorio “Persecución de mujeres cultivadoras en Chile: Una dramática realidad”, moderado por la Directora Ejecutiva de Fundación Daya, Ana María Gazmuri, junto con el abogado Claudio Fierro, Jefe de la Unidad de Corte de la Defensoría Penal Pública y Paulina Bobadilla, presidenta de Fundación Mamá Cultiva. 

Claudio Fierro, Jefe de la Unidad de Corte de la DPP

“Entraron con prepotencia, había una niña de 10 años en la casa, le pedía que bajaran el tono, les decía que aquí no hay delincuentes… lo que más me dolió fue cuando me dijeron que tenían que llevarse mi medicina. Y se llevaron todo. Una no es traficante, me llevaron detenida, es violento, se ponían al lado mío , no me dejaban leer lo que querían que firmara. Declaré y me fui a mi casa, en la audiencia me dicen que quemaron mi medicina, me dio mucha pena”, dice entre lágrimas desde Coyhaique, Pamela Córdova, quien sufre de fibromialgia. 

Pamela es usuaria medicinal de cannabis desde abril 2019. Primera vez que probaba y el cambio fue inmediato. “Cuando me incorporaba en la mañana ya no tenía los dolores que me invadían”, dice. Su calidad de vida mejoraba hasta que llegaron los Carabineros y le quitaron su frasco debidamente rotulado con 21 gramos de cannabis, producto de su primera cosecha como cultivadora medicinal. No tenía nada más que un indoor vacío. “Ni siquiera miraron la receta”, agrega. Ahora sufre de estrés post traumático y la desesperación de no tener acceso a su tratamiento y volver a sentir los dolores.  

“No voy a dejar de consumir cannabis, lo que hizo la PDI solo me da fuerzas para seguir este camino, no voy a volver a los fármacos que tienen muchos efectos secundarios desagradables”, dice con fortaleza. 

Pamela Córdova, de Coyhaique.

Violencia de Género 

La misma persecución policial sufrió Tamara Gómez, de Concepción, quien fue denunciada por su ex pololo. Vive sola con su hijo de 5 años, estaban tranquilos en su departamento cuando golpearon violentamente la puerta, era un grupo de policías de la PDI de civil. 

“Tomaron mi receta y me dijeron que eso no sirve de nada, se rieron. Me amenazaron con derribar la puerta si no los dejaba pasar, no tenían orden. Ellos ingresaron grabando, yo quise grabar pero me quitaron el celular. Tenía sólo 12 gramos y extractos de aceite, eso no lo consideraron. Estaba nerviosa, llorando, atacada. Me costaba entender lo que sucedía. Fue una película de terror”, cuenta la joven madre.  

“Sacaron por la fuerza las carpas, rompieron todo, me había costado esfuerzo y dinero adquirir los implementos para mi cultivo, pero no escucharon nada, finalmente me llevaron detenida, y se llevaron tres plantas y esquejes… Me siento robada por la propia policía, vulnerada, no me han devuelto nada”, agrega Tamara.  

Tamara Gómez, de Concepción.

Esta injusticia se intensifica también en el caso de Pamela  Navarro, actriz y activista social de Pichilemu, quien comenzaba un cultivo indoor para tratar jaquecas y artrosis de rodilla, ayudada por su ex pareja y padre de sus hijos, quien luego la denunció a Carabineros.

“Llegaron prepotentes, sin orden, entraron con violencia, gritando, traté de explicarles que estaban mi hijos. Me esposaron, me llevaron a un calabozo inmundo. Fue la peor noche de mi vida”, cuenta. 

Pamela Navarro, actriz de Pichilemu

 El abogado Claudio Fierro, Jefe de la Unidad de Corte de la Defensoría Penal Pública asegura que esto es una extorsión. “Es una forma bastante innovadora de violencia de género, de poder coercionar o extorsionar a sus ex parejas, viene de una espiral de violencia de género más estructural. Llama la atención los niveles de extorsión, lo que las víctimas tienen que pasar en las comisarías. Es un trato inhumano, cruel y denigrante”. 

La fundadora de Daya comenta que “nuevamente vemos como los hombres denuncian a sus ex parejas, esto es violencia de género, que se suma a la violencia de las policías, ¡cómo se atreven a seguir tratando de esta manera a los pacientes, que más tenemos que hacer!”. 

Voluntad Política 

Fundación Daya y Mamá Cultiva son parte de las 80 organizaciones e instituciones de la sociedad civil que participaron en la creación de la Agenda Género COVID 7 de julio. Académicas, organizaciones sociales y colegios profesionales, entre otras agrupaciones, trabajaron en conjunto con el fin de solicitar medidas urgentes con perspectiva de género para enfrentar la crisis sanitaria, económica y social que atraviesa el país. El documento final incluye la protección de madres y mujeres que ejercen su derecho a cultivar Cannabis con fines medicinales, así como el resguardo de esos cultivos ante la persecución policial y judicial que aún existe en nuestro país hacia los usuarios medicinales de Cannabis. 

«Asegurar respeto a madres y mujeres que ejercen el derecho existente a cultivar cannabis para uso medicinal, evitando allanamientos e incautaciones, situaciones de gran violencia y abuso hacia ellas y sus familias. (Actores: Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia, Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género)» *Punto 8 en apartado de Salud. 

“Falta una voluntad política, el marco jurídico está, tenemos la experiencia de cientos de médicos que están prescribiendo cannabis, miles de pacientes y usuarios, además en un contexto de Pandemia con todo el estrés que estamos viviendo, es urgente la aprobación de la Ley Cultivo Seguro”, dice Ana María Gazmuri. 

La presidenta de Mamá Cultiva, Paulina Bobadilla, hace un llamado a la Senadora Carolina Goic, quien preside la Comisión de Salud del Senado, para que ponga en tabla el Proyecto de Ley Cultivo Seguro. Los votos para aprobarlo están, de todos los colores políticos, sólo falta que se vote. “Ella también participa en mesas de género, cómo es posible que esta senadora no se ponga en el lugar de las mujeres vulneradas, esto no puede seguir pasando, somos miles las mujeres cultivadoras y el Estado nos arrebata la dignidad”, dice Paulina Bobadilla.   

“No tengo ninguna duda que estas tres mujeres serán absueltas, pero las obligan a pasar por procesos desagradables y violentos. Ellas están dentro de sus derechos constitucionales, falta la voluntad política de actualizar la Ley 20.000 a los tratados de DDHH, que se permita a la gente hacer uso libre de su soberanía. Las personas que cultivan no afectan la salud pública, que es lo que protege la Ley 20.000, la Corte Suprema ya ha dicho que no es delito”, finaliza el abogado.  

Paulina Bobadilla, Presidenta de Mamá Cultiva.

Ana María Gazmuri, Directora Ejecutiva de Fundación Daya.