Este martes 16 de enero la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó de manera unánime el proyecto de ley 11327 que modifica el Código Sanitario permitiendo que la receta médica emitida por un médico cirujano, sea suficiente autorización para cultivar cannabis medicinal. La jornada se realizó en presencia de organizaciones sociales como Fundación Daya Santiago, Fundación Daya Quilpué, Fundación Daya Quinta Costa, Mamá Cultiva, pacientes y usuarios de cannabis medicinal, el ex integrante de la banda Saiko, Esteban Torres,quien es paciente de Daya, además del diputado por la región de Arica y Parinacota Vlado Mirosevic.

El proyecto hace referencia a que “tratándose de los productos estupefacientes, psicotrópicos y demás substancias que produzcan efectos análogos, que provengan de cualquier especie, subespecie o variedad del género cannabis destinados a la atención de un tratamiento médico, deberán ser prescritos por un profesional de la salud habilitado mediante la correspondiente receta expendida de conformidad a lo dispuesto en el presente Código y reglamentos vigentes”.

La comisión estuvo conformada por la presidenta de la Comisión de Salud, Karol Cariola (PC) los diputados Miguel Ángel Alvarado (PPD); Juan Luis Castro (PS) ; Jorge Rathgeb (RN) y Víctor Torres (DC), además de las diputadas Marcela Hernando (PRSD) y Karla Rubilar (independiente). Cabe señalar que los diputados Gustavo Hasbún (UDI)  y Nicolás Monckeberg (RN) estuvieron presentes, pero no en la votación.

Además se escucharon las exposiciones de la Presidenta de la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia (SOPNIA), Dra. Verónica Burón Klose, acompañada de la Dra. Viviana Venegas. En representación de la Ministra de Salud, asistió el Subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows.

Para la presidenta de la Comisión de Salud, Karol Cariola este proyecto pretende evitar la criminalización de las y los pacientes que ocupan el cannabis con fines medicinales: “En este caso, el proyecto lo que hace es entregar una presunción de inocencia a los pacientes que cultivan su medicina y que hacen sus propios productos, fabricados artesanalmente. Entonces, lo que nosotros queremos es que estas familias no hagan todo este esfuerzo para que llegue la PDI con una investigación, que muchas termina demostrando que no hay microtráfico, sino que son familias que necesitan de una medicina, que la están cultivando. Sin embargo, ellos la destruyen, las sacan, se las incautan, los persiguen y los hacen pasar por momentos terribles”, detalló en la jornada.

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Por su parte la diputada PRSD Marcela Hernando, señaló que este proyecto protege a las mamás de niños con epilepsia refractaria u otros tipos de patologías porque “ellas van a seguir cultivando y sus niños solamente responden a este tratamiento. Entonces, la manera de extender la receta médica les va a resguardar de no ser perseguidas por la justicia”.

Para Karla Rubilar, diputada independiente, las agrupaciones de pacientes y usuarios de cannabis han visto en la planta una opción real para mejorar la calidad de vida de quienes la necesitan: “No hay ninguna mamá, ningún papá que opte por el cannabis porque sí. La inmensa mayoría de ellos pasa por mucho tiempo por evaluaciones de distintos médicos, de muchos medicamentos que no le generan ningún resultado y han visto en su experiencia que el uso del cannabis regulada ha tenido efectos nunca antes habían vivido con sus hijos. Yo creo que esa experiencia es la que recoge esta moción parlamentaria para, por fin, regular y evitar que sean perseguidos como delincuentes”.

El diputado democratacristiano Víctor Torres, indicó en la sesión que esta indicación “lo que hace es recoger alguna de las inquietudes de las mismas sociedades médicas porque se está individualizado quien debe hacer la prescripción, de qué forma se realiza, porque recordemos que en este proyecto ya se había aprobado el hecho de que la receta va a ser un instrumento por sí mismo para presumir inocencia. Entonces lo que queríamos es poder darle más sentido a cómo se estructuraba la receta”. Además recalcó que “acá lo que estamos discutiendo es que hay pacientes que cultivan cannabis para un tratamiento y terminan presos o con las plantas incautadas”.

Catalina Delgado, Abogada de Fundación Daya y Magíster en Derecho Procesal y Procesal Penal de la Universidad Diego Portales, sostiene que desde una perspectiva de salud este proyecto es una excelente propuesta de modificación al Código Sanitario porque “genera un incentivo directo para los pacientes que hacen uso de esta terapia, pero lo hacen sin supervisión médica. Entonces el beneficio que le vas a dar es la seguridad de que va a poder cultivar, sin que entren las policías a su hogar y se llevan las plantas, generando un incentivo para que él o la paciente haga el mismo uso de la terapia, pero bajo supervisión médica para garantizar la máxima efectividad”.

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Además la abogada celebra esta iniciativa porque desde una perspectiva de Derechos Humanos, trae de vuelta el equilibrio necesario que hay en un proceso penal en donde el ente persecutor, en este caso el Ministerio Público es el que debe probar si alguien está o no cometiendo un delito y no que quien está siendo imputado, deba probar su inocencia. “Con esta norma se establece una suerte de presunción en favor del consumidor que cuenta con la receta, obligando al Ministerio Público a probar hechos concretos que tengan que ver con el tráfico para anular este valor justificatorio que tiene la receta y, en este caso, el valor de autorización para el cultivo” mencionó Catalina.

Paulina Bobadilla fundadora de Mamá Cultiva, sostuvo que “ya no vamos a ser vistas como criminales. Nuestras plantas no van hacer arrebatadas y lo mejor, es que vamos a seguir viendo sonreír a nuestros hijos y esto para una madre es impagable. Estamos muy agradecidas de esta Comisión de Salud, que se puso en nuestros zapatos. Algo que hemos pedido hace cinco años, desde el Gobierno anterior y que se nos dé la posibilidad de ir avanzando de no ser criminalizada para nosotras es impagable”.

Ana María Gazmuri, Directora Ejecutiva de Fundación Daya, considera que “con ésta modificación al Código Sanitario se establece un piso mínimo de protección para miles de pacientes que ejercen su derecho a cultivar Cannabis para mejorar su salud. Agradecemos a ésta Comisión que a lo largo de los últimos casi cuatro años se ha ido compenetrando del trabajo serio y riguroso en materia de Cannabis Medicinal que hemos implementado las  organizaciones ciudadanas. En este tiempo se han formado y han aprendido, junto a nosotros, desde la experiencia real del uso medicinal del Cannabis. A la hora de tomar decisiones y legislar, se pusieron del lado de los pacientes, y no de quienes pretenden saber mejor que ellos lo que les sirve y lo que no”.

Finalmente la abogada pone énfasis en que esta iniciativa “en ningún caso impide que el Ministerio Público investigue posible comisión de delitos de la ley de drogas que van desde el cultivo de especies vegetales, porque puede probar que la receta no fue expedida por una situación médica expresa, pero además en caso de sorprender a personas que cultivaban y además hacen venta ilícita o no autorizada de esta substancia, por supuesto puede seguir persiguiéndolo” concluyó. Cabe destacar que al finalizar la sesión, la presidenta de la Comisión de Salud, Karol Cariola señaló que “hemos logrado remecer una mirada arcaica desde el plano legislativo y político en esta materia”.

Sin duda, un gran triunfo en la protección de los desechos ciudadanos.Ahora se ha solicitado, por parte de las organizaciones, al diputado Fidel Espinoza, en su calidad de Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, que ponga con suma urgencia en tabla la discusión en Sala del Proyecto de Ley recientemente aprobado por unanimidad en la Comisión de Salud.