Por Lorena Leiva y Daniela Astudillo
LA TERCERA

Para la directora ejecutiva de Fundación Daya, Ana María Gazmuri, existe voluntad política para normar el autocultivo de marihuana con ese fin. Sin embargo, la “ignorancia y la falta de empatía”, según ella, serían las piedras de tope para concretar cambios concretos en beneficio de pacientes que la usan con fines terapéuticos.

Luego de que el proyecto de ley presentado en 2015 en el Congreso, que buscaba modificar la Ley 20.000 para el autocultivo de cannabis con fines terapéuticos y recreacionales no prosperara y que solo quedan días para que se tramite antes de que asuman los nuevos parlamentarios (en febrero no sesiona el Congreso) una moción de la diputada (PC) Karol Cariola para resguardar su cultivo para uso medicinal, la directora ejecutiva de Fundación Daya, Ana María Gazmuri, se refiere a las voluntades políticas detrás de la tramitación y de la urgencia de legislar sobre este tema.

¿Por qué es necesario legislar para el uso medicinal de la marihuana?

El uso medicinal de cannabis es lícito en nuestro país y la principal vía de acceso es el autocultivo, permitido por la Ley 20.000. No obstante, la legislación penal de drogas es de muy mala calidad porque no diferencia entre actos propios del consumidor, de aquellos que corresponden a quienes producen para el tráfico, lo que genera la vulneración de derechos de pacientes que deciden autocultivar. Hasta que esa legislación no sea enmendada, limitando las áreas de discrecionalidad para jueces y fiscales, será necesario complementar dicha norma con otras que tiendan a resguardar el derecho de las personas a acceder a cannabis, sin sufrir traumáticos y humillantes procedimientos ni ser empujados a acudir al creciente mercado negro con los riesgos sanitarios que esto conlleva.

¿Qué te parece que el primer proyecto de ley que buscaba modificar la Ley 20.000 se estancara y que queden días para tramitar el que busca resguardar el cultivo para uso medicinal?

El proyecto de ley para modificar la Ley 20.000 del 2015 fue desvirtuándose en el proceso, traicionando su espíritu original, generando, en caso de ser aprobada, mayor criminalización que la actual ley. El mismo año la Corte Suprema avanzó interpretando correctamente la ley, considerando lícitos los usos personales y sus actos preparatorios, trascendiendo por mucho la propuesta parlamentaria. Por otra parte, nos tiene esperanzados de que la idea de legislar la modificación al Código Sanitario (moción de Karol Cariola) se haya aprobado por unanimidad en la Comisión de Salud. Se reconoce así el consenso que existe de respetar los DD.HH. de quienes cultivan cannabis con fines medicinales, y a la vez se incentiva el seguimiento clínico de terapia en los pacientes.

¿Crees que falta voluntad política para avanzar en el tema?

Hay voluntad. En la medida en que hemos sido capaces de visibilizar la realidad de los pacientes que la usan, ha sido más fácil evocar la empatía de jueces, fiscales, médicos, y la población en general. Considerando que hoy el uso terapéutico ya está permitido, la idea de legislar para tener por suficiente la receta médica como autorización para cultivar cannabis se aprobó por unanimidad. Esto se debe en parte a la labor educativa de Fundación Daya respecto de sus usos, a las investigaciones científicas que llevamos a cabo -las primeras de Latinoamérica-, pero por sobre todo ha sido clave el fervor de madres de usuarios pediátricos. Ellas han tomado en sus manos la labor de educar a los parlamentarios de la realidad a la que se enfrentan al verse amenazadas por un Estado que las persigue y las reprime por cultivar la medicina de sus hijos.

¿Qué falta entonces? ¿Cuál es la piedra de tope?

La ignorancia y falta de empatía son las piedras de tope. Hoy nos vemos enfrentados, en los más diversos contextos, a jueces, fiscales, e incluso médicos que afirman que la cannabis no tiene uso medicinal alguno. Esta falta de conocimiento es inaceptable para aquellos que tienen a su cargo la salud de las personas, la persecución de delitos y la sanción de los mismos. Falta un Estado más presente y comprometido con la salud de los ciudadanos en general, y con democratizar el acceso a cannabis medicinal en particular. Por eso, desde Fundación Daya buscamos avanzar desde la educación y empoderamiento de los pacientes, y la normalización de la utilización para esos fines en el cuerpo médico.

¿Crees que el proyecto de Cariola prospere en el Congreso?

Creemos que son positivas iniciativas, como la que hoy se discute en la Cámara Baja, de tener por suficiente la receta médica como autorización para cultivarla, porque genera el incentivo correcto para que todo aquel que hoy ejerce su derecho a la vida y la salud, gestionando su propio tratamiento, quiera supervisarlo con un profesional habilitado. La modificación al Código Sanitario presentada por Cariola pretende reforzar este derecho, validando la receta médica como una autorización para mantener un cultivo y evitar la incautación de plantas por parte de las policías. La mayoría de los procedimientos policiales a usuarios medicinales son sobreseídos por la justicia, pero cuando ello sucede ya perdieron las plantas destinadas a un tratamiento, a pesar de haber sido reconocida la legalidad de ese cultivo.

Peticiones

 

¿Qué esperarías que hiciera el próximo gobierno?

La cuestión de las drogas es una cuestión de salud. Hemos visto cómo los consensos son transversales cuando las autoridades se educan sobre las propiedades médicas de la cannabis y conocen la realidad de los miles de familias que hoy gestionan su salud con esta planta. Así, si bien la postura del ejecutivo nos preocupa en el área de seguridad pública, creemos que, visibilizando la realidad de la cannabis medicinal en Chile, lograremos los consensos necesarios.

¿En ese sentido, qué le dirías al próximo presidente?

Que no se olvide de que nuestra Constitución establece que el Estado está al servicio de la persona humana, y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que la Constitución establece.