El debate sobre cannabis medicinal merece incluir muchos puntos de vista, superando miradas estrechas, que pretenden encerrarlo en visiones anacrónicas y moralizantes. El Seminario “Uso medicinal del cannabis, persecución penal y Derechos Humanos: hacia un nuevo paradigma”, realizado el pasado 23 de mayo, es un esfuerzo que apunta en esa dirección. Organizado por la Asociación Pensamiento Penal Chile y Fundación Daya, la instancia reunió a representantes de la sociedad civil junto a actores del mundo judicial y penal, en un interesante debate.

Existe la necesidad de que el debate sobre cannabis medicinal en Chile tome la orientación correcta; a ratos pareciera que el debate público quisiera ser monopolizado por las habituales voces prohibicionistas que hablan desde la medicina industrial. Pero esto no es suficiente, ya que también debe conocerse la visión que habla desde los derechos de los pacientes a decidir sobre qué tipo de tratamiento quieren recibir, apoyados no sólo en su soberanía personal, sino que en las bases jurídicas y de derecho que amparan ese ejercicio de ciudadanía.

 

El Seminario realizado el pasado 23 de mayo, fue un esfuerzo para unir esas voces, en un diálogo que cruzó fronteras y fue un aporte a una discusión a ratos viciada. Y hablamos del protagonismo discursivo de relevantes personalidades, tanto del mundo de la justicia y el derecho, como de la sociedad civil. Se destaca la presencia entre los invitados del coronel de Carabineros Manuel Cifuentes Quezada, quien asistió en representación del general director de la institución, Mario Rozas.

La presentación del evento estuvo a cargo de Lidia casas, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.

El ministro vocero de la Ilustrísima Corte de Suprema de Justicia, don Lamberto Cisternas, resaltó el contrapunto entre las decisiones personales e informadas que llevan a autocultivar cannabis, versus el establishment científico que busca restringir este derecho, avalando la persecución penal y la prohibición. Esta contradicción, lejos de ser un tema meramente científico, debe ser, según Cisternas, un tema donde lo relevante debe ser el restablecimiento de la presunción de inocencia, porque no puede ser que pacientes que cultivan para uso personal, lejos del comercio y del tráfico, no puedan alegar inocencia recurriendo a la receta médica en regla. Y esto es lo que se intenta lograr ni más ni menos que con la Ley Cultivo Seguro, proyecto que, en opinión del ministro, da en el centro del problema.

Siempre desde el lado jurídico, el juez argentino Mario Juliano resumió su experiencia en el país trasandino, destacando la tensión existente entre modelos de enfocar no sólo el asunto del cannabis medicinal, sino que como visiones de mundo confrontadas. En una de ellas (apoyada por Juliano), lo central son las libertades del individuo y la persona humana como eje (en un evidente discurso antropocentrista). Y, por otro lado, visiones que prefieren sociedades donde lo que se impone es el control social sobre la autonomía de sus miembros. Esta tensión es un elemento que atraviesa el día a día de pacientes que deben luchar por la posibilidad de decidir sobre sus terapias, y es un desafío a realizar tanto en Chile como en Argentina.

Ana María Gazmuri, directora ejecutiva de Fundación Daya, en su relato deja en claro que el cannabis, lejos de ser un asunto reciente, es un producto cuyo uso es ancestral en Chile y el resto del mundo. Y como tal, reclama no sólo respeto, sino que subraya la necesidad de aceptar la validez de las diversas vías de acceso para sus múltiples usos. La tarea inmediata desde el estado, representado por sus 3 poderes, es brindar a los usuarios la certeza de que no serán perseguidos por plantar. Y, en definitiva, contar con la seguridad de que sus decisiones como pacientes y familias, serán no sólo respetadas, sino que protegidas y avaladas por los poderes de ese estado.

Y de eso da fe el relato de Paulina Bobadilla, presidenta de Mamá Cultiva, quien repasa no sólo los beneficios que la medicina cannábica ha significado para las familias que han tomado este camino, sino que también se refiere a las dificultades que han encontrado. Esto es especialmente cierto si se considera que a los sufrimientos derivados de las enfermedades de hijas e hijos, se debe agregar la inseguridad permanente de familias que temen ser perseguidas judicial y policialmente. Paulina Bobadilla hace desde esa posición, un llamado a apurar el trámite de la Ley Cultivo Seguro, poniéndose de una vez en los zapatos de quienes padecen angustia y dolor.

El abogado y jefe de la Unidad de Corte de la Defensoría Penal Pública, Claudio Fierro, se centró en un enfoque donde lo esencial es la defensa de los Derechos Humanos de los pacientes y su entorno. En general, se trata de personas ajenas a la criminalidad, que deben ser defendidas no sólo en los aspectos específicos de cada caso, sino que entendiendo que cada persecusión lesiona sus libertades. Y agrega que, además de la evidente necesidad de una ley como Cultivo seguro, es imperioso que se unifiquen criterios en el mundo de la judicatura. En sus palabras “uno esperaría que los fallos absolutorios de la Corte Suprema a pacientes de cannabis medicinal, se irradiaran al resto de los tribunales de la República”.

En ese mismo sentido, el defensor público y abogado Pablo Villar fue más allá, entendiendo que esa unificación de criterios debe darse también entre los mismos tribunales y el Ministerio Público, teniendo en el horizonte de sus acciones un amplio abanico de garantías que deben ser cauteladas a la hora de la persecución penal. Villar fue claro: cada vez que se criminaliza a un paciente, se vulneran derechos como la libertad de circulación, el derecho a la honra,a la vida, a la integridad física y psíquica. También, en el caso de las incautaciones de plantas y extractos de cannabis, Villar puntualiza que también se afecta el derecho a la propiedad. Y, por supuesto, concordando con Lamberto Cisternas, afirma que se afecta también la presunción de inocencia. Insiste en que este asunto no es sólo de incumbencia médica o científica, ya que el derecho entiende que lo medicinal va más allá de una receta médica, sino que también se entra en el ámbito de las decisiones personales. En términos de doctrina, justamente al ser plantas de uso personal, se entiende que dicho fin personal se opone a lo comercial y, por ende, lo aleja del tráfico. Villar cierra su intervención insistiendo que es urgente establecer protocolos e instructivos que expresen la unificación de criterios entre los fallos de la Corte Suprema y las acciones del Ministerio Público y las policías, como un medio de distinguir bien cuando se está frente a un paciente y no a un delincuente.

Todo lo expresado por las diferentes personas que expusieron en el Seminario, da cuenta de que es necesario levantar desde hoy nuevos paradigmas en la persecución penal, que se hagan cargo de la realidad de miles de pacientes que buscan su alivio en una planta ancestral, y que asuman que el combate del delito no puede ser a costa de vulnerar derechos inalienables de las personas. El diálogo establecido en este seminario fue un ejercicio necesario, que debiera replicarse y extenderse, especialmente de cara a la inminente agilización en el Senado de la Ley Cultivo Seguro. Porque hay miles de personas que necesitan no sólo alivio terapéutico, sino que certeza jurídica de no ser perseguidas.